Alcaldesa Grecia Quiroz denuncia supuesto plan de encarcelamiento en su contra
La presidenta municipal de la demarcación denunció presuntas maniobras legales para retirarla de su cargo, aunque no presentó pruebas que sustenten la existencia de dicho plan.
La alcaldesa Grecia Quiroz denunció este lunes la existencia de un supuesto plan orquestado para lograr su encarcelamiento y destitución del cargo, en el marco de una serie de cuestionamientos sobre su gestión y el reciente proceso electoral local. A través de un posicionamiento emitido por su equipo de comunicación, la funcionaria sostuvo que estas acciones responden a intentos de desestabilización política por parte de grupos opositores en la entidad.
De acuerdo con el equipo de la alcaldesa, dichas maniobras buscarían utilizar las vías judiciales para inhabilitarla, citando supuestas presiones sobre instancias fiscalizadoras. La funcionaria municipal ha solicitado a las autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía General de Justicia local, que se garantice el debido proceso y se investiguen los señalamientos que han surgido en su contra durante los últimos meses.
Hasta el momento, no existen pruebas públicas, documentos oficiales o resoluciones judiciales que sustenten la existencia de un plan coordinado para encarcelar a la presidenta municipal. Las autoridades estatales no han emitido comentarios sobre estas declaraciones, manteniendo el curso de las investigaciones administrativas que, de manera ordinaria, se llevan a cabo sobre diversas administraciones municipales en el país.
El entorno político en el municipio se mantiene bajo tensión debido a las disputas derivadas de los resultados electorales recientes. Mientras la alcaldesa insiste en que las investigaciones en su contra tienen un trasfondo de persecución política, sectores de la oposición han reiterado que los cuestionamientos se limitan a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas vigentes.
La situación se mantiene en desarrollo mientras las instituciones encargadas de la procuración de justicia continúan con sus procesos habituales de fiscalización. Por ahora, no se han presentado denuncias formales ante el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral respecto a estas acusaciones específicas de persecución sistemática.
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