AMFpro señala exclusión de jugadores en eliminación del ascenso y descenso

La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) ha manifestado su inconformidad ante la consolidación de la estructura actual en el balompié nacional, que mantiene suspendidos el ascenso y el descenso. A través de un posicionamiento público, el organismo gremial sostiene que las decisiones tomadas por la cúpula directiva de la Liga MX han dejado de lado las necesidades y derechos de los deportistas profesionales en el país.

El gremio argumenta que esta configuración administrativa limita las oportunidades de desarrollo profesional para los futbolistas y precariza las condiciones laborales en las divisiones inferiores. Según la postura de la AMFpro, la ausencia de una competencia deportiva abierta bajo los estándares internacionales afecta la estabilidad contractual y la proyección de cientos de jugadores que ven frenado su progreso por políticas corporativas.

Desde la perspectiva de los representantes de los futbolistas, cualquier modificación estructural de gran calado requiere de una mesa de diálogo donde el trabajador sea un actor central y no un espectador de las resoluciones administrativas. La asociación enfatiza que el modelo actual prioriza la rentabilidad financiera sobre el mérito deportivo, contraviniendo el espíritu de competitividad que debería regir el deporte profesional en México.

Por su parte, los directivos de los clubes y de la Liga MX han mantenido que la estabilidad financiera y el control de activos son ejes fundamentales para la viabilidad de la industria. No obstante, la AMFpro insiste en que la falta de movilidad entre categorías genera un estancamiento que, a largo plazo, termina por erosionar la calidad del espectáculo y la formación de talento nacional.

Ante este escenario, la asociación ha planteado la necesidad de establecer mecanismos de consulta obligatoria. El objetivo es que los cambios que afecten directamente las trayectorias de los deportistas no se implementen de manera unilateral, sino que cuenten con un consenso donde se salvaguarden los derechos laborales y la integridad del sistema de competencia profesional.