Aumentan expedientes sancionadores por quejas en servicios básicos en Galicia

El Instituto Gallego de Consumo y Competencia (IGCC) ha reportado un incremento significativo en la actividad sancionadora durante el presente ejercicio, al abrir un total de 668 expedientes administrativos. Estas acciones legales, que representan un valor conjunto de 10,8 millones de euros en sanciones propuestas, responden directamente a la gestión de 9.906 reclamaciones presentadas por los usuarios en la entidad federativa ante diversas irregularidades en la prestación de servicios.

Los sectores de telecomunicaciones y energía continúan concentrando el mayor volumen de inconformidades por parte de los ciudadanos. De acuerdo con los datos recabados, la falta de claridad en los contratos, los cargos no reconocidos y las deficiencias en la atención al cliente son los motivos principales que han llevado a la autoridad a intervenir mediante estos expedientes sancionadores, buscando garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección al consumidor.

La relevancia de estas cifras subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y defensa de los usuarios frente a grandes corporaciones prestadoras de servicios. La autoridad competente ha señalado que, además de las sanciones económicas, se están realizando revisiones exhaustivas en las políticas de facturación y atención de estas empresas para mitigar el impacto negativo en la economía familiar de los afectados.

El IGCC ha reiterado su compromiso de continuar con estas labores de vigilancia para asegurar que las empresas cumplan con los estándares de calidad y transparencia exigidos. Se prevé que, a través de estos procesos administrativos, se logre una resolución favorable para los usuarios y se establezcan precedentes que desincentiven las prácticas abusivas en el mercado de servicios esenciales.