Autoridades registran incremento de menores migrantes en zona fronteriza de Ceuta

La Secretaría de Gobernación, a través de sus instancias operativas en terreno, informó que un total de 2,168 menores migrantes han sido debidamente identificados en Ceuta desde el pasado 30 de julio. Esta cifra refleja un incremento notable en la presión migratoria de la zona, habiéndose registrado el ingreso de 270 menores adicionales en apenas los últimos cinco días de este mes de agosto. El personal en campo continúa con las labores de registro y atención básica para garantizar la integridad de los menores involucrados.

Ante esta situación, el Gobierno Federal ha comenzado a coordinar los protocolos necesarios para gestionar la estancia y el futuro traslado de estos menores hacia diversas entidades federativas. Este proceso de distribución, que busca aliviar la saturación de los centros de recepción locales, está programado para ejecutarse formalmente a partir del próximo 27 de agosto. La logística se realiza en colaboración con las autoridades estatales para asegurar que los menores reciban protección y servicios adecuados conforme a los tratados internacionales.

La estrategia de atención se centra actualmente en la clasificación de los perfiles de los menores para asegurar que su reubicación sea ordenada y segura. La Secretaría de Gobernación enfatiza que el objetivo principal es salvaguardar los derechos humanos de la niñez migrante, evitando condiciones de hacinamiento en los puntos de arribo. Se espera que, tras el despliegue del 27 de agosto, las capacidades de acogida en los estados receptores se fortalezcan con el apoyo de las dependencias federales correspondientes.

Por su parte, el equipo de enlace de la Secretaría de Gobernación ha señalado que el monitoreo en la frontera permanece constante ante la fluctuación de los flujos migratorios. Aunque la cifra de menores es elevada, las instituciones de seguridad y asistencia social trabajan en conjunto para mantener el orden administrativo y la atención humanitaria. Se prevé que la comunicación con los gobiernos estatales se mantenga estrecha para ajustar cualquier necesidad operativa adicional que pudiera surgir tras el proceso de redistribución anunciado.