Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en el estado de Sinaloa
Familiares y representantes del sector minero demandan acciones contundentes tras la desaparición y asesinato de trabajadores en Sinaloa, solicitando garantías de seguridad a la administración de Claudia Sheinbaum.

Representantes del sector minero en Sinaloa y familiares de trabajadores desaparecidos exigieron este sábado una intervención urgente de las autoridades federales para esclarecer los hechos violentos que han afectado a la industria en los últimos meses. La petición principal busca que las víctimas no se conviertan en una cifra estadística más y que las investigaciones avancen bajo un protocolo que garantice la transparencia y la justicia para las familias afectadas por la inseguridad en las zonas de extracción.
La industria minera nacional, a través de diversos gremios, ha solicitado formalmente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el fortalecimiento de la vigilancia en las regiones operativas. El sector sostiene que la falta de condiciones seguras está comprometiendo la continuidad de las actividades productivas y, fundamentalmente, la integridad física de los empleados que laboran en áreas de difícil acceso y alta vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Ante este panorama, los representantes del gremio han propuesto la creación de mesas de trabajo permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El objetivo de esta iniciativa sería coordinar esfuerzos con la Guardia Nacional para implementar corredores seguros y patrullajes preventivos en las inmediaciones de los centros mineros más expuestos, buscando reducir los niveles de violencia que han marcado la cotidianidad de las comunidades locales.
Por su parte, los familiares de los mineros asesinados y desaparecidos han hecho un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga los casos que han quedado estancados a nivel local. La demanda central es el acceso a la verdad y la reparación del daño, insistiendo en que el Estado debe asumir su responsabilidad para salvaguardar el derecho humano al trabajo en un entorno libre de riesgos derivados de la delincuencia.
El gobierno federal aún no ha emitido una respuesta detallada sobre la implementación de nuevos operativos específicos para el sector, aunque se espera que la Secretaría de Gobernación mantenga canales de diálogo abiertos. Mientras tanto, la tensión persiste en las zonas mineras de Sinaloa, donde las familias mantienen su movilización con la esperanza de obtener respuestas claras sobre el paradero de sus seres queridos y la detención de los responsables.
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