La SCJN establece juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que las autoridades judiciales tienen la obligación ineludible de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. Este fallo determina que el análisis judicial no debe ser opcional, sino un estándar obligatorio para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en investigaciones que involucran a víctimas que realizaban labores de activismo social.

La decisión de los ministros subraya que las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las mujeres defensoras en México requieren un tratamiento especializado por parte de las fiscalías y los jueces. Al integrar la interseccionalidad, el Poder Judicial busca que se reconozcan no solo los factores de género, sino también las barreras sistémicas, sociales y económicas que incrementan la peligrosidad en el entorno de las activistas frente a grupos de interés o delincuencia organizada.

Este criterio judicial obliga a los juzgadores a realizar una valoración integral de los hechos, evitando estereotipos que minimicen la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos o que desvirtúen las líneas de investigación sobre su paradero. La sentencia enfatiza que las fiscalías deben agotar todas las diligencias pertinentes, considerando el contexto particular de la víctima y su actividad previa a la desaparición, para evitar la impunidad en estos casos.

Especialistas en derechos humanos han señalado que esta resolución representa un avance significativo en la protección de quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales en el país. Al establecerse como una obligación procesal, se espera que las sentencias futuras consideren los riesgos específicos derivados de las actividades de denuncia que desempeñan estas mujeres en sus comunidades o estados.

Finalmente, la SCJN instó a que este enfoque se incorpore de manera transversal en los protocolos de actuación de todas las instancias encargadas de la procuración de justicia. El objetivo es que las investigaciones sobre desaparición forzada o cometida por particulares sean realizadas con estándares que garanticen la verdad, la justicia y la reparación del daño para las familias afectadas.