Lomelí advierte sobre los riesgos del negocio tras el examen virtual

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió este jueves que la institución ha subestimado la magnitud del negocio que se ha desarrollado en torno al formato de examen virtual. De acuerdo con las declaraciones del rector, el modelo remoto, implementado originalmente por la emergencia sanitaria, ha derivado en la creación de redes externas que lucran con la evaluación de conocimientos, comprometiendo la integridad de los procesos académicos.

Lomelí Vanegas precisó que el entorno virtual ha facilitado la aparición de servicios irregulares que ofrecen la resolución de pruebas a cambio de beneficios económicos. Para la máxima casa de estudios, esta situación representa un desafío estructural que afecta la transparencia y la calidad de la evaluación del alumnado, elementos que son fundamentales para asegurar la excelencia educativa que caracteriza a la institución.

Ante este panorama, el rector ha planteado la posibilidad de transitar nuevamente hacia un modelo de evaluación presencial. Esta propuesta busca mitigar las brechas de desigualdad tecnológica y, fundamentalmente, asegurar que todos los estudiantes compitan en igualdad de condiciones, eliminando la influencia de intermediarios que se aprovechan de la virtualidad para generar ganancias ilícitas.

El equipo administrativo de la universidad subrayó que el retorno a las aulas para fines evaluativos no ocurrirá de manera abrupta. La medida está sujeta a un análisis profundo de las capacidades logísticas de cada facultad y escuela, con el objetivo de garantizar que la infraestructura sea suficiente para albergar a la comunidad estudiantil bajo estándares de seguridad y equidad.

Finalmente, la autoridad universitaria enfatizó que la prioridad institucional es blindar los procesos de acreditación frente a cualquier forma de corrupción académica. Se espera que en los próximos meses se establezcan mesas de diálogo con los consejos técnicos de diversas facultades para definir la hoja de ruta que permita recuperar la presencialidad en las evaluaciones, siempre priorizando el derecho a una educación imparcial y de alta calidad.