Ordenan al Poder Ejecutivo finalizar intervención del IPLA en 60 días

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa resolvió este jueves que el Poder Ejecutivo debe concluir la intervención administrativa del Instituto de Prevención y Lucha contra las Adicciones (IPLA), vigente desde hace 26 años. El fallo, derivado de un amparo promovido por representantes del sector de entretenimiento nocturno, establece un plazo improrrogable de 60 días para que el Estado mexicano proceda con la normalización de la institución y la integración formal de su Directorio.

El tribunal determinó que la prolongada situación de acefalía y control directo por parte del Ejecutivo contraviene los principios de autarquía y transparencia necesarios para la operación del instituto. Según la resolución, la ausencia de una estructura directiva colegiada ha limitado la capacidad del organismo para ejecutar sus funciones de prevención y regulación, impactando directamente en la capacidad de respuesta ante las necesidades del sector social y empresarial.

En respuesta a la notificación judicial, fuentes cercanas a la administración federal indicaron que se iniciarán los procesos administrativos para cumplir con el mandato judicial. El equipo jurídico del Gobierno Federal analiza los tiempos requeridos para la integración de los nuevos perfiles que deberán conformar el órgano de gobierno, buscando garantizar que la transición no afecte la operatividad de los programas de salud pública vigentes.

Por su parte, los empresarios que promovieron el litigio celebraron la decisión como un paso necesario hacia la certidumbre jurídica. Argumentan que la normalización del IPLA permitirá una interlocución más eficiente y transparente con las autoridades, especialmente en lo referente a la regulación de espacios de recreación y el cumplimiento de normativas de salud pública bajo los lineamientos actuales de la Secretaría de Salud.

El plazo de 60 días comienza a correr a partir de la notificación formal a las dependencias involucradas. De no cumplirse con la integración del Directorio, el tribunal advirtió que se podrían implementar sanciones administrativas adicionales para asegurar el acatamiento de la sentencia, la cual busca cerrar un ciclo de más de dos décadas de control centralizado sobre esta institución especializada.