PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa
La dirigencia del Partido Acción Nacional propuso formalmente ante el Congreso la destitución del gobernador Rubén Rocha Moya y la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) presentó formalmente una solicitud ante el Congreso de la Unión para iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición, respaldada por la cúpula panista, incluye la solicitud de declarar la desaparición de poderes en el estado ante la crisis de gobernabilidad que, a juicio de los legisladores del blanquiazul, se vive en la región tras el retorno del mandatario a sus funciones.
Los legisladores del PAN argumentan que las condiciones actuales en Sinaloa impiden el ejercicio democrático y la correcta aplicación del estado de derecho, señalando que la administración estatal ha sido omisa ante los recientes episodios de inseguridad que afectan a la población. Según los representantes del partido, la medida busca restablecer el orden constitucional mediante la intervención de los órganos federales, argumentando que el Ejecutivo local ha perdido la capacidad operativa para garantizar la seguridad de los habitantes.
El grupo parlamentario del PAN hizo un llamado directo a las bancadas de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión para que respalden esta propuesta. Los impulsores del juicio político sostienen que el debate no debe limitarse a una postura partidista, sino enfocarse en la estabilidad de la entidad federativa y en la responsabilidad que el marco jurídico impone a los gobernantes.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta detallada a la petición, aunque fuentes cercanas al gabinete estatal han manifestado que el gobernador mantiene su agenda de trabajo institucional. La solicitud de desaparición de poderes es un procedimiento extraordinario establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que requiere la intervención del Senado de la República para su procedencia.
Este planteamiento abre un nuevo frente de confrontación legislativa en un momento donde el Congreso de la Unión analiza diversas reformas y nombramientos clave. La Comisión Permanente o la Cámara correspondiente deberán determinar si existen los elementos jurídicos suficientes para proceder con el juicio político solicitado, lo que mantiene la atención de los observadores políticos nacionales sobre la resolución de este conflicto en el legislativo.
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