Proponen iniciar juicio penal contra Nicolás Maduro en Nueva York para 2027
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa de Nicolás Maduro han propuesto formalmente el mes de junio de 2027 para el comienzo de su proceso judicial por cargos de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la defensa legal de Nicolás Maduro, ha presentado ante las autoridades judiciales una propuesta formal para programar el inicio del juicio penal en su contra para junio de 2027. Este proceso legal, que se llevará a cabo en una corte federal de Nueva York, se centra en acusaciones vinculadas con delitos de narcotráfico a nivel internacional que han sido objeto de investigaciones por parte de agencias estadounidenses durante años.
La fijación de esta fecha tentativa representa un paso significativo en el litigio que enfrenta el mandatario venezolano, luego de que diversos sectores internacionales mantuvieran expectativas sobre los tiempos procesales de este caso. Según los documentos presentados ante la corte, ambas partes han coincidido en la necesidad de contar con un periodo prolongado para la preparación de los elementos probatorios y la presentación de testigos, considerando la complejidad técnica y la naturaleza de las acusaciones presentadas por los fiscales federales.
Aunque la propuesta ya se encuentra en manos del juez encargado del caso, la fecha de junio de 2027 todavía está sujeta a la aprobación final del tribunal. Este periodo de espera permitirá que los equipos legales de ambas partes terminen de recabar la documentación necesaria y definan las estrategias de defensa y acusación que marcarán el desarrollo de las audiencias en Nueva York, un proceso que ha generado reacciones diversas en el ámbito diplomático regional.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene un monitoreo constante sobre los acontecimientos judiciales que involucran a líderes de la región, bajo los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Hasta el momento, ninguna autoridad federal mexicana ha emitido un posicionamiento oficial sobre el cronograma judicial propuesto, manteniendo la prudencia diplomática característica de la política exterior nacional ante casos de índole penal en tribunales extranjeros.
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