Sindicato del INAH denuncia penalmente a funcionarios por presuntas irregularidades

Miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH informaron este jueves que, los pasados 7 y 8 de julio, presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). La acción legal busca que las autoridades ministeriales investiguen diversas irregularidades detectadas en el ejercicio de funciones de servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El equipo sindical señaló que la decisión de acudir ante la instancia federal responde a una serie de preocupaciones sobre la integridad en el manejo de los recursos y la protección del patrimonio cultural de la nación. Según los representantes gremiales, la documentación entregada a la Fiscalía contiene elementos que, a su juicio, podrían configurar probables responsabilidades administrativas y penales, por lo que solicitaron una investigación exhaustiva por parte de los peritos oficiales.

Esta medida representa un paso significativo en la relación entre los investigadores y la administración del instituto. Los integrantes de la comisión enfatizaron que el objetivo primordial de estas denuncias es garantizar la transparencia en los procesos internos y asegurar que las políticas de conservación sigan los lineamientos establecidos por la legislación vigente en materia de patrimonio arqueológico.

Por el momento, la representación sindical se mantiene a la espera de que la Fiscalía integre la carpeta de investigación correspondiente y determine las diligencias a seguir. Se espera que en los próximos días las autoridades citen a comparecer a los involucrados para desahogar las pruebas presentadas y determinar si existen elementos suficientes para proceder con las sanciones legales que correspondan según el Código Penal Federal.

Finalmente, los investigadores reiteraron su compromiso con la salvaguarda de los bienes culturales de México, subrayando que este proceso judicial forma parte de sus atribuciones para vigilar que el funcionamiento del INAH se ajuste estrictamente a la legalidad. Hasta el cierre de esta edición, la dirección del instituto no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las acciones emprendidas por los profesores de investigación.